Operación “Guane Fase I” contra la corrupción en Santander – tercer y cuarto hallazgo

  1. EXGOBERNADOR AGUILAR

Hechos y situación jurídica: en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), la Fiscalía General de la Nación solicitó la imposición de medidas cautelares sobre 32 bienes de propiedad real o aparente del exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar, cuyo avalúo catastral asciende a seis mil setecientos sesenta y cuatro millones novecientos veinticuatro mil pesos ($6.764´924.000).

Con estas propiedades se busca garantizar recursos para resarcir parcialmente a las más de 40.000 víctimas reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, que condenó al exfuncionario por concierto para delinquir y lo responsabilizó de auspiciar la acción criminal del Bloque Central Bolívar de las extintas AUC en municipios de Santander.

Mediante providencia del 1 de noviembre de 2017 (rad. 51528 – ponente: Fernando Léon Bolaños), la Corte Suprema de Justicia definió el mecanismo legal que debe seguirse en este caso.

  1. CONTRATO PURIFICADORA AGUA RÍO TONA

Hechos: el 18 de julio de 2015, se suscribió el contrato de obra civil N° 017 de 2015 entre la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga -AMB-, cuyo gerente general para el momento era Ludwing Stünkel García,  y el Consorcio Suratá 2015, representado legalmente por Aurelio Ignacio López Mier.

El objetivo era la construcción de la planta de tratamiento de agua potable Los Angelinos y de la planta de tratamiento de lodos Bosconia, y la puesta en marcha del sistema de regulación del río Tona, que surtiría el embalse que abastecería a Bucaramanga. El costo del contrato fue de cuarenta y un mil seiscientos treinta y un millones quinientos siete mil trescientos veintidós pesos ($41.631.507.322).

Según la denuncia presentada por la actual gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano, el contratista realizó manejos indebidos a los dineros entregados como anticipo, que correspondió al 30% del valor total del contrato y sumó más de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000).

Durante la investigación se encontró, entre otros asuntos, que con ese dinero se hicieron pagos destinados a rubros que no estaban incluidos en el contrato.

Adicionalmente, el anticipo formalmente se entregó el 15 de noviembre de 2015, aunque se pagó 12 días antes.

Al revisar la documentación, los investigadores de la Fiscalía habrían establecido el suministro de papelería y productos agrícolas por parte de empresas que cumplían labores que no tendrían relación con la construcción de la plantas de tratamiento. Algunos de esos proveedores presuntamente emitieron facturas de pago y no prestaron el servicio, mientras que otros manifestaron que se les habría perdido la contabilidad del contrato relacionado.

Las evidencias recopiladas indican que el gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano de la época, Ludwing Stünkel García, habría abierto una convocatoria para la adjudicación de este contrato con unos requisitos que solo podía cumplir el contratista Consorcio Suratá 2015, al que finalmente se entregaron  las obras.

Resultados: se  radicó solicitud de audiencia de imputación el 22 de noviembre de 2017, contra las siguientes personas:

  • Aurelio Ignacio López Mier, representante del consorcio Suratá 2015 y de Acciona Aqua S.A, será imputado por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado.
  • Liliana Bohórquez Rueda, representante legal de Construvías de Colombia S.A. y quien también hace parte del consorcio Suratá 2015, deberá responder por peculado por apropiación a favor propio y falsedad en documento privado.
  • Ludwing Stünkel García, ex gerente general de la Empresa de Acueducto Metropolitano de Bucaramanga en julio de 2015, será procesado por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La audiencia fue programada para el 11 de diciembre del presente año, a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Bucaramanga (Santander).

La Fiscalía General de la Nación está adelantando una segunda investigación relacionada con la construcción de la presa del acueducto del río Tona.

Fuente: Fiscalía General de la Nación – Boletín 22541

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