Nuevo choque con el Congreso en Perú: el Gobierno pidió declarar inconstitucional una ley

El Gobierno de Perú presentó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la ley sancionada por el Congreso que interpreta la cuestión de confianza regulada en dos artículos de la Constitución y que, según el Ejecutivo modifica el balance de poderes en favor del Legislativo, en un momento de constante escalada política entre las dos instituciones.

La cuestión de confianza es un mecanismo de control de poderes que faculta al Ejecutivo a solicitar el respaldo del Congreso hacia un nombramiento ministerial o una política. Si el Legislativo rechaza dos veces seguidas al gabinete propuesto por un mismo Gobierno, el presidente tiene el poder de disolver al Parlamento y convocar a elecciones.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, denunció hoy que la ley, ahora cuestionada legalmente, busca en última instancia ganar margen institucional para destituir con más facilidad al presidente de turno.

“Nos quedamos con que tenemos un Congreso que es autoritario, arbitrario, y que en cualquier momento va a cumplir con su fin, porque el fin de esta ley que ha dado el Congreso es vacar al presidente“, manifestó en diálogo con la emisora local RPP.

Legalmente, la demanda del Gobierno argumentó que lo votado en el Congreso se choca con otras disposiciones de la Carta Magna, entre ellas la que reconoce el principio de separación de poderes, que “comprende el equilibrio y balance” entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El escrito fue presentado por el procurador público Luis Huerta, quien sostuvo que lo sancionado por el Congreso choca el artículo 43, que reconoce el principio de separación de poderes y comprende el equilibrio y balance entre el Ejecutivo y el Parlamento, y el artículo 102, sobre la competencia del legislativo para interpretar las leyes, según la agencia de noticias estatal Andina.

Además, cuestiona que contraviene el artículo 118, que reconoce la competencia del Poder Ejecutivo para dirigir y ejecutar la política general del Gobierno, y los artículos 132 y 133, sobre la cuestión de confianza facultativa.

Con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones, el Congreso aprobó el martes pasado la ley que modifica la llamada cuestión de confianza, y ahora los ministros del Ejecutivo quedan facultados para plantear una cuestión de confianza -y obtener o no el respaldo explícito del parlamento- en cuestiones “relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno”.

La cuestión, muy técnica, marcó un nuevo distanciamiento entre el Ejecutivo de Pedro Castillo y el parlamento,en el que el oficialismo tiene una representación minoritaria y no siempre unificada, especialmente tras el quiebre que significó el reciente cambio de gabinete.

El miércoles, tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministroTorres, adelantó que se elevaría al TC la demanda de inconstitucionalidad.

Como el TC tiene sentencias ya sobre cuestiones similares sobre la regulación de la cuestión de confianza, en fallos a favor del Ejecutivo porque consideró que no se puede limitar las libertades con una ley de interpretación, el procurador Huerta consideró que las resoluciones anteriores “deben ser empleadas como parámetro de control” para esta controversia actual.

El ministro Torres fue todavía más allá y hasta advirtió que los congresistas que respaldaron la ley “merecen” ser enjuiciados.

“El Congreso ha infringido la Constitución; todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido en irresponsabilidad inconstitucional. Merecen todos aquellos que votaron a favor de la modificación ser enjuiciados, conforme al artículo 99 de la Constitución, pero obviamente eso no va a pasar porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos”, le dijo ayer a una radio limeña.

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