Mordaza se cierne sobre investigación científica en Brasil

By: Meghie Rodrigues  para Sciedev

Todos los manuscritos, artículos y compilaciones científicas producidas por el Instituto Chico Mendes de Conservación (ICMBio), organismo de investigación ambiental vinculado al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, deberán ser evaluados por el director antes de ser remitidos a publicaciones científicas, ediciones especializadas, anales de eventos y similares.

La decisión entrará en vigencia desde el 1 de abril, en cumplimiento de la ordenanza 151 publicada en el diario oficial el pasado 10 de marzo.

El actual director de Investigación, Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad de ICMBio –quien será responsable de evaluar los textos– es Marcos Aurélio Venâncio, teniente coronel de la reserva de la policía militar del estado de São Paulo.

Venâncio es licenciado en derecho y gestión pública y tiene experiencia en la formación de agentes públicos de fiscalización ambiental.

Creado en 2007, el ICMBio es un organismo público que investiga sobre biodiversidad, medio ambiente y asuntos socioambientales. El Instituto administra 334 unidades de conservación ambiental distribuidas por todo el territorio brasileño.

En ICMBio hay también 14 centros de investigación que generan conocimientos sobre aves, primates, biodiversidad amazónica, mamíferos carnívoros y acuáticos, pueblos tradicionales y otros temas.

Uno de ellos es el Centro Tamar, reconocido en todo el mundo por su trabajo de conservación de tortugas marinas. El año pasado solo este centro generó ocho artículos en revistas científicas internacionales, una participación en un evento internacional, un capítulo de libro, un trabajo de tesis de grado, una disertación de maestría y una tesis de doctorado. Antes de la pandemia, en 2019, las producciones científicas del centro fueron casi 30.

La comunidad académica y especialistas en política ambiental y científica están alarmados con esta decisión que, afirman, puede significar una tentativa de censura a la producción científica brasileña.

“Además del impacto en la producción y proyección del ICMBio a nivel nacional e internacional, esta decisión sienta un peligroso precedente para todos nosotros, investigadores brasileños de todas las áreas, que tenemos el deber de publicar datos de interés público”.

Luciana Barbosa, Universidad Federal de Paraíba, coordinadora del Grupo de Trabajo en Medio Ambiente de la Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia.

La decisión, sin embargo, no es una sorpresa para los trabajadores de ICMBio. Según la bióloga Taciana Stec, que forma parte de Política por Inteiro, movimiento especializado en monitoreo de leyes ambientales, esta ordenanza está en línea con  el nuevo código de ética para los trabajadores de ICMBio, que rige desde mayo de 2020, y que entre otras cosas establece que el personal del Instituto no puede “hablar en nombre de la Institución si no está autorizado por la autoridad competente”.

Para Suely Araújo, especialista sénior en políticas públicas del Observatorio del Clima, se trata de “una decisión autoritaria, sin propósito. Es un control innecesario, sin fundamento, que solo desmotiva al equipo”. Entre 2016 y 2018, Araújo presidió el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, entidad que, como ICMBio, depende del Ministerio de Medio Ambiente.

“La ley que supervisa la conducta de los servidores públicos federales ya prevé sanciones como procesos judiciales e incluso el despido de servidores públicos que divulguen datos confidenciales, categoría que no se aplica a los planes de manejo de las unidades de conservación y datos obtenidos en investigaciones científicas, por ejmplo”, explicó Araújo a SciDev.Net por vía telefónica.

Sin embargo, la restricción impuesta a ICMBio no sería el único intento oficial de limitar la libertad científica en Brasil, aunque aparentemente es el primero que se hace público.

El presidente de la SBPC, Ildeu de Castro Moreira, precisó a SciDev.Net que “no se trata de un caso aislado”.

“Ya hay varias situaciones que restringen la libertad de expresión y la libertad académica, así como la individual, en la que profesores e investigadores son acusados indebidamente, y también ordenanzas con normas institucionales que amenazan esas libertades”, afirmó.

“La SPBC y otras entidades científicas se han pronunciado en estos casos individuales; actuaremos junto al Supremo Tribunal Federal para que se respete la Constitución brasileña”, subrayó Castro Moreira.

La SBPC publicó una carta abierta expresando su preocupación por las consecuencias de la medida.

Para la investigadora Luciana Barbosa, profesora del Departamento de Fitotecnia y Ciencias Ambientales de la Universidad Federal de Paraíba y coordinadora del Grupo de Trabajo en Medio Ambiente de la SBPC, la decisión pone en riesgo el derecho a la información y a la transparencia de la investigación científica y puede causar serios perjuicios a la ciencia brasileña.

“El párrafo 9 del artículo 5° de la Constitución Federal garantiza la libertad de expresión también para la actividad intelectual”, recordó a SciDev.Net por WhatsApp.

“Además del impacto en la producción y proyección del ICMBio a nivel nacional e internacional, esta decisión sienta un peligroso precedente para todos nosotros, investigadores brasileños de todas las áreas, que tenemos el deber de publicar datos de interés público”, añadió.

En una nota de la asesoría de comunicación de ICMBio, enviada por correo electrónico ante los requerimientos de una entrevista de SciDev.Net, se señala que “no hay censura. Cualquier publicación que se pretenda hacer en nombre del organismo seguirá siendo analizada previamente, sin embargo, ahora, de forma delegada al director del área y no por el presidente del organismo”.

Peligrosos antecedentes

A inicios del presente mes, la presidencia del Instituto de Investigación Económica Aplicada circuló un documento interno en el que señaló que la divulgación de investigaciones desarrolladas por el instituto debe tener la aprobación previa de la dirección.

Y hace pocos días, el sitio The Intercept Brasil reveló una serie de amenazas en las redes sociales contra Lucas Ferrante, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía (INPA).

Ferrante publicó artículos en revistas de renombre como Science y Nature evaluando el desmantelamiento de las políticas ambientales por parte del actual gobierno brasileño, y predijo el colapso causado por la pandemia en Manaos, capital de Amazonas.

Bolsonaro y miembros de su gobierno intentaron desacreditar públicamente los datos. En una rueda de prensa, Bolsonaro dijo que “los datos son mentirosos. Vamos a llamar aquí al presidente del INPE para hablar sobre eso y acabar con el tema”, logrando tener eco también en la prensa extranjera.

Al criticar públicamente sus afirmaciones, el entonces presidente del Instituto, Ricardo Galvão, fue separado del cargo, lo que generó una conmoción internacional. En 2021, Galvão recibió el Premio a la Libertad y Responsabilidad Científica, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS).

“En los 14 centros de investigación del ICMBio existen instituciones que son anteriores al propio Instituto. Deconstruir esto es deconstruir una larga historia de investigación en el área ambiental en Brasil”, lamentó Suely Araújo.

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