La paz en Putumayo se diluye por muertes de líderes sociales

La ventana de oportunidad que abrió el Acuerdo de Paz en Putumayo se cierra, entre otros factores, por el asesinato de líderes que representan a las comunidades más allá de las instituciones.

Así concluyen los invitados al conversatorio “Putumayo: rutas hacia la paz”, organizado por la Red de Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), en alianza con la Fundación Fiedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), en el que se discutió el panorama de la región y se hizo un balance de la implementación de los Acuerdos de Paz y las necesidades más urgentes del departamento.

“En tiempos de paz la guerra es silenciosa, y en cuarentena el doble; la paz parece esfumarse con una complicidad del Estado y el Gobierno nacional, como se ha hecho en otros momentos de la historia”, sostiene Yuly Artunduaga, integrante de la Instancia Especial de Mujeres.

Desde su punto de vista, “hay nuevas estimagtizaciones con la población y las comunidades rurales no tienen vías puntuales de participación que hagan valer la implementación de los acuerdos”.

Por su parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que “el territorio carece de una fuerte institucionalidad para atender los retos del departamento, ya que hasta los municipios de categoría 6 incumplen los planes de desarrollo propuestos”.

Por otro lado, explica que los vacíos de control que dejaron las FARC con su desmovilización, por un lado, alejaron a los narcotraficantes locales, pero por el otro abrieron espacio para que bandas criminales se apropien de las dinámicas de la región.

“Mientras esto ocurre, el Estado y el Gobierno nacional brillan por su ausencia y la figura de los líderes sociales se fortalece y legitima entre los pobladores de dichos territorios”, agrega.

En su último informe, Indepaz ubica a Putumayo, con 11 crímenes, en la tercera posición de departamentos con más asesinatos en lo que va corrido del año.

Al respecto, Andrés Cancimance, diputado de la Asamblea de Putumayo, afirma que “aunque estas cifras no engranan 100 % con las otorgadas por otras instituciones reconocidas, desde enero de 2020 se ha asesinado sistemáticamente a personas que participaban en los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales y de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.

Según el dirigente político, hay violencias arraigadas que se siguen reproduciendo, tales como amenazas constantes a líderes, desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos de desmovilizados, violencia institucional y erradicación forzosa de cultivos.

En relación con este último hecho hace un llamado a buscar soluciones alternativas que acaben el narcotráfico sin afectar la naturaleza y el rico ecosistema de la Región Amazónica.

“Durante los diálogos en La Habana se reconocía la dificultad de establecer los Acuerdos y se preveían los retos de la implementación; las campañas propagandísticas muestran avances que no se están dando, falta voluntad de la clase dirigente; no hay garantías y la política se hace con temor”, manifiesta Mauricio Gareca, consejero territorial de Reincorporación.

Señala además que es esencial cumplirle a los campesinos y propender por una reforma agraria que arranque de raíz los problemas de la población colombiana de base.

La esperanza no muere

“Los afectados por la violencia se encuentran en una situación compleja, pues la transición ha generado en la población un sentimiento de esperanza que se evidenció en el plebiscito y que intenta opacarse con los acontecimientos tras la firma de los Acuerdos”, comenta Amanda Camilo, de la Coordinadora de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Las víctimas están perdiendo credibilidad en las instituciones oficiales, lo cual crearía eventuales obstáculos a la hora de plantear estrategias gubernamentales.

“No obstante, la articulación interinstitucional –fruto de los Acuerdos– ha sido interesante, pues no solo la JEP y la Comisión de Desaparecidos aportan, sino que las víctimas también se están acercando a las instituciones y encontrando en ellas espacios de respeto y confianza para contar sus experiencias”.

Por su parte, el padre Campo Elías, representante de la Iglesia en el conflicto armado colombiano, manifiesta sus signos de preocupación y esperanza en el territorio: “la paz territorial es una oportunidad única, el espíritu del Acuerdo después de 50 años de violencia toma la decisión del ‘no matarás’ que le aporta a Colombia y al mundo; sin embargo, sin cambios de fondo el Acuerdo no podrá ser real”.

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