La otra epidemia mexicana: 73.000 desaparecidos

Ciudad de México (dpa) – Bryan Eduardo Arias Garay atendía un puesto de hamburguesas. Un día salió a trabajar y desapareció. Su madre lleva dos años y medio buscándolo, pero la pandemia del coronavirus complicó su lucha y la de las familias de más de 73.000 desaparecidos de México.

Si antes era difícil saber cómo iban las investigaciones, ahora los trámites están más limitados. También el rastreo de fosas clandestinas, impulsado por los familiares, se vio afectado. Algunas citas se hacen por Zoom. Y ni siquiera hay un abrazo de consuelo.

Por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México lanzó una campaña en redes sociales para mantener vivos sus reclamos.

“Esto a las autoridades les cayó como anillo al dedo porque tienen más excusa para no trabajar y para tenernos más alejados”, dice la madre de Bryan, Virginia Garay Cázares, de 50 años, a la agencia de noticias dpa.

También José Ugalde, de 55 años, siente que el coronavirus ha sido un obstáculo. Ugalde es padre de un joven de 25 años -José Esaú- que desapareció en septiembre de 2015 y fue hallado muerto tres meses después en la ciudad de Querétaro, centro de México.

“Con esta pandemia se nos puso un muro de cinco metros delante de nosotros: no poder salir, no poder ver nuestras carpetas de investigación, no había presencia de los fiscales en las fiscalías. Se paró todo. Y se incrementó la desesperación”, señala Ugalde, que ahora es portavoz de la asociación Desaparecidos Justicia.

“Muchos compañeros se quedaron sin trabajo. No tienen para comer y es una decisión de salir a buscar algo de comer o salir a buscar a sus hijos”, afirma. “En cambio, a la delincuencia no le afecta el covid-19”.

Bryan Arias tenía 19 años la última vez que salió rumbo al puesto de hamburguesas, a tres calles de su casa, el 6 de febrero de 2018 en Tepic, estado occidental de Nayarit.

“No llegó al puesto ni después a la casa en la madrugada”, dice su madre, que creó la organización Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros para apoyarse mutuamente con otras familias.

Bryan, el menor de sus tres hijos, era aficionado al deporte. Le gustaba la natación y había ganado competencias. Ahora su madre lo busca al mismo tiempo que busca a los hijos de otras madres, en una red solidaria que une a las víctimas.

José Esaú, uno de los dos hijos de Ugalde, trabajaba como responsable de un restaurante gourmet, hacía trabajos de publicidad y los fines de semana tocaba la batería en una banda. Estaba grabando un disco.

Sus restos aparecieron, corroídos ya por la fauna salvaje, en unas bolsas de plástico en un banco de cantera. Los meses de búsqueda fueron una pesadilla para la familia. Un hombre fue detenido y condenado, pero aún sigue la batalla judicial.

Desde que en 2006 se lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México, con el despliegue de miles de militares y policías, se disparó la violencia.

Más de 330.000 personas fueron asesinadas desde entonces y otras 73.000 están desaparecidas. La impunidad reina a sus anchas. La mayoría de las veces se desconocen las causas, pero muchos casos se atribuyen al crimen organizado, a veces con complicidad policial.

Por todo el país se han encontrado más de 3.900 fosas clandestinas con unos 6.600 cuerpos, según cifras oficiales. Además, en las morgues hay más de 30.000 cuerpos o restos sin identificar, estima la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Uno de los casos más emblemáticos de desaparición fue en 2014 el de 43 estudiantes de la escuela para formación de maestros rurales de Ayotzinapa, que fueron entregados por policías a un grupo del narcotráfico en el sur de México.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, más de un centenar de organizaciones de familiares de víctimas han tenido que salir a buscar por sus propios medios, como Garay.

Visitan morgues, hospitales y cárceles. Revuelven la tierra con picos y palas en busca de fosas ocultas en zonas boscosas, en minas abandonadas, a orilla de los ríos.

Gracias al impulso de las familias, se aprobó una ley de desapariciones en 2017 y se crearon una Comisión Nacional de Búsqueda gubernamental y comisiones en los 32 estados.

Pero muchas demandas siguen pendientes, entre ellas la promesa del gobierno de reconocer la competencia del comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas para recibir denuncias individuales. Eso permitirá a las familias llevar sus casos ante una instancia internacional.

También piden acelerar la creación de un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, aprobado en marzo. Los recursos muchas veces son limitados, en medio de políticas de austeridad y falta de personal.

Pero las familias no se rinden. En su campaña en redes sociales con los hashtags #LesQueremosDeVuelta y #MemoriaVivaTuRecuerdo, levantan en estos días de pandemia sus voces frente a lo que llaman “uno de los fenómenos más ominosos del pasado y del presente mexicano”.