Discapacidad e Inclusión Social: Somos más, pero menos unidos

El Registro, Caracterización y Localización de las Personas con discapacidad es un sistema de información que permite recolectar datos continuos y actualizados de las personas con discapacidad, con el fin de disponer de información a nivel nacional, departamental, distrital y municipal para apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia; (https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/registro-localizacion.aspx).

Jair José Fontanilla Arrieta. Economista y especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos. Asesor y Consultor en Inclusión Social y Organizacional/empresarial. jairfontanilla@hotmail.com

Estas acciones de garantía de “Derechos” tienen un alcance subjetivo entre líneas y es la de acrecentar el concepto de capital social dentro de este segmento poblacional; el cual es un “concepto que hace referencia a las relaciones con otras personas de las que pueden surgir beneficios y oportunidades”. Es decir, al considerar la abundancia o presencia de capital social potencia las dinámicas de inclusión social en las personas con discapacidad.

A nivel distrital, en Cartagena de Indias, podemos afirmar desde el RCLPD  que las personas con Discapacidad autoreconocidas y registradas han venido en aumento; como lo referencia las últimas cifras de los años 2014 con 799 PcD, 2015  con 1796 PcD, 2016 con 1313 PcD, 2017 con 2943 PcD y lo corrido del 2018 con 1282  PcD.

Cada anualidad muestra las categorías de Discapacidades prevalentes en cada persona y bajo la mirada del RCLPD muestra una tendencia ascendente  acorde con la urgencia o prioridad de los entes de gobierno en alcanzar a garantizar los derechos o las mismas Personas con discapacidad en visibilizar sus necesidades o capacidad jurídica para sus derechos.

Es aquí donde,  buscamos como aproximación a la inclusión social, la Convención de Derechos de las PcD el cual supone un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social a un modelo en el que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos. Esta convención, ratificada por el Estado Colombiano  a través de la Ley 1346 de 2009, obliga a los Estados que forman parte a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales de las personas con discapacidad.

Una inclusión que parece casi remota, para no decir inalcanzable, en el mediano y largo plazo. Sí, así como suena y se percibe. Quizás se preguntarán porque, pero yo más bien invitaría a que respondieran lo siguiente: Bajo el criterio de “Colombia es un Estado Social de Derecho”, ¿Cuál es el grado de reconocimiento ciudadano que tienen las Instituciones Distritales de las personas con discapacidad? y las más importante, ¿reconocen las personas con discapacidad, el significado real de CAPACIDADES?

Antes de responder, expondré un contexto conceptual extraído del documento de investigación  Económica de la Universidad central, “Inclusión Social: un propósito nacional para Colombia” en donde enuncia: “La inclusión social es el proceso de cambio de las personas, familias, comunidades e incluso regiones, de manera que participen social, económica y políticamente, tanto de forma pasiva (beneficios y oportunidades) como activa (mecanismos y procesos de decisión comunitaria). El concepto de inclusión social forma parte de la tendencia de ampliación progresiva de la ciudadanía, que busca llegar a una participación, de ser posible total, como ocurre en los países del Primer Mundo.”  Desde esta óptica, se desenreda un poco la madeja, ya que el contexto infiere una iniciativa casi individual donde se jalona paso a paso estructuras que podrían llegar a tener una solidez en principios  de identidad y dinámicas de representación.

En lo personal, mis respuestas serán muy prácticas. Iniciando con una aproximación a la institucionalidad,  es decir, deben existir atributos básicos desde lo conceptual y político al tema de discapacidad por el cual arrastre de alguna manera a la persona en el reconocimiento de prioridades que las “instituciones  elijan lo correcto para todos y no lo bueno para pocos.”

Ahora, el tema de CAPACIDADES; es algo que ha tenido muchas miradas, pero que en la realidad se queda solo en la victimización.  Me explico: Como individuo debemos tener unas capacidades básicas funcionales que deberían darnos lo necesario para ser o hacer; al no poseer dichas capacidades,  las instituciones que nos representan se activarían para poder darnos la funcionabilidad suficiente y necesaria que permitan alcanzar las ventajas individuales.

Al no avanzar en lo individual a las capacidades, queda un discurso hueco donde se exigen derechos individuales y grupales  que desconocen los procesos que organizan la sociedad.  Generando un sin sabor de victimización que se evidencia en las posiciones particulares ajenas a posibles acuerdos equitativos para todos entre los ciudadanos.

En todo caso, el reconocer las capacidades se debe evidenciar en el reconocimiento propio y del otro, la habilidad de trabajar en equipo, en la ayuda mutua y en la capacidad para crear organizaciones que luchen por conseguir beneficios comunes a las personas y grupos sociales implicados; permitiendo satisfacer sus necesidades económicas, sociales y afectivas.

El eje central debe radicarse en que el Estado Colombiano tiene las condiciones constitucionales y legales para alcanzar la tan anhelada INCLUSIÓN SOCIAL y que somos nosotros los ciudadanos con las diferentes características marcadas los que debemos potenciar esas capacidades  y representarlas en el capital social necesario para transformar los diferentes imaginarios que existen dentro de las instituciones representadas en la persona, la familia, entidades públicas y privadas. A no alcanzar a comprender lo que soporta la convención de derechos de las PcD, el estado social de derecho y las diferentes acciones individuales, se perderá la oportunidad de generar un desarrollo humano creíble y basado en el bienestar y las oportunidades.

De igual forma somos más basado en un conteo, pero terminamos siendo cada vez menos al definir lo “conceptual y político sobre la manera de enfrentar el futuro.”

Cuéntanos lo que piensas