Colombia, lejos de lograr ordenamiento de actividades humanas en sus mares

Malas prácticas de pesca, sobreexplotación de los recursos pesqueros y cambio en los usos del suelo están influyendo en la transformación de los mares colombianos. Tal situación exige respuestas más contundentes y acciones más prácticas, resultado de la participación ciudadana y del consenso multisectorial.

BOGOTÁ D. C., 06 de enero de 2017 — Agencia de Noticias UN–

Según el profesor Juan Manuel Díaz, del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), el privilegio de Colombia de contar con amplios espacios marinos, oceánicos y costeros en el mar Caribe y en el océano Pacífico implica una enorme y creciente responsabilidad de garantizar las posibilidades de disfrutar de los múltiples servicios que prestan sus ecosistemas.

Pese a su privilegio, “históricamente Colombia ha sido una nación con poca vocación marítima. Durante más de 150 años sus gobernantes contemplaron los mares desde el altiplano como las últimas fronteras que albergaban toda suerte de riquezas para el futuro y que digerían impasibles todos los desechos que se les arrojaban, ignorando a la vez los procesos ecológicos y sociales que allí tenían lugar”, señala el docente en un artículo de análisis publicado en la edición 206 de UN Periódico.

El experto recuerda que fue hasta la década del setenta cuando el país se percató del potencial de sus dos mares para elevar las cifras de desarrollo. En ello influyó la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1973-1982); la creación de la Comisión Colombiana de Oceanografía; los primeros programas universitarios en ciencias del mar; la consolidación en Cartagena del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas y en Santa Marta del Instituto de Investigaciones Marinas, y la conformación y expansión de la flota pesquera nacional.

Sin embargo, “en ese tardío deslumbramiento han pasado inadvertidas las evidencias que mostraban que ese universo que Colombia empezaba a descubrir experimentaba cambios más rápidos que los avances que hacía el país para conocerlo. Hoy, transcurridas apenas tres décadas desde ese despertar, abruma saber que la promesa de riquezas casi ilimitadas y de fuentes de bienestar para la humanidad parece esfumarse”, menciona.

La última medición global del Índice de Salud de los Océanos, realizada en 2015, le otorgó a Colombia una calificación de 61 puntos sobre 100, muy por debajo de los 70 puntos del promedio global. Esta evalúa la importancia y la eficiencia del manejo que le dan 221 países a 10 variables que, en conjunto, reflejan los beneficios potenciales mencionados de sus respectivas zonas económicas exclusivas (ZEE). Las mayores deficiencias de Colombia en esta medición correspondieron a la pesca, la maricultura y el turismo.

“Mientras las dificultades para la estructura de soporte de los servicios ecosistémicos marinos crecen y los tratados internacionales se vuelven más exigentes, la respuesta del país es demasiado tímida”, subraya.

Respuesta multisectorial

El profesor Díaz menciona que, en términos de gobernanza de los espacios marítimos, Colombia sigue aferrada a una estructura que le permite a cada sector económico, por separado, hacer sus planes de aprovechamiento y acceder tanto al espacio como a los recursos.

De igual manera destaca que, entretanto, al sector ambiental le compete desde 2011 la descomunal tarea de procurar la sostenibilidad de ciertos bienes de uso público mediante la implementación de planes de ordenamiento y manejo de las unidades ambientales costeras (UAC). Cabe recordar que dicho sector está en cabeza tanto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como de las corporaciones autónomas regionales (CAR) con jurisdicción costera.

“Tratándose de espacios de uso público, en los que confluyen diversos intereses sectoriales, el proceso de planificación de los usos debería ser participativo y consensuado con todos los sectores interesados y con las comunidades asentadas en los territorios, bajo el liderazgo de un ente estatal neutral, con amplia capacidad de convocatoria y suficiente legitimidad política”, sostiene el docente.

Además, afirma que hasta ahora los juiciosos intentos de las CAR costeras por acatar el mandato del Ministerio (decreto 1120 de 2013, en relación con la formulación de los planes de ordenamiento y manejo integrado de las UAC) se van quedando en meros ejercicios teóricos hasta que los demás sectores se involucren en el proceso. Las CAR son las autoridades ambientales regionales que representan al menos musculoso de los ministerios, a veces con ayuda técnica de la academia o de algunas ONG.

“Basta con analizar los planes individuales de los sectores portuario, pesquero, de defensa, de hidrocarburos y turístico para percatarse de que la mayoría de estos no ha esperado la formulación cabal de los mencionados planes de ordenamiento y hasta ignoran cualquier consideración de orden ambiental”, afirma el profesor Díaz.

Nueva gobernanza

En su artículo de análisis el profesor menciona que como signataria del Convenio sobre Diversidad Biológica, para 2020 Colombia debe cumplir la meta de establecer un sistema de áreas marinas protegidas que abarque al menos un 10 % de sus ZEE, meta acordada en 2010 en Nagoya (Japón).

“Gracias a los grandes y recientes esfuerzos la meta no está muy lejos. Estos han consistido en la creación de los parques nacionales naturales de Bahía Málaga, Corales de Profundidad y Bahía Portete, y varios distritos regionales de manejo integrado costeros, incorporación de la Reserva de la Biosfera Seaflower del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, asegura.

Sin embargo, en su opinión, en nuestros dos mares todavía se está lejos tanto de lograr un ordenamiento de las actividades humanas que minimice los conflictos, como de vislumbrar un manejo efectivo que garantice la sostenibilidad de los otrora promisorios recursos que todavía albergan.

“La magnitud de las pretensiones sectoriales por explotar lo poco de mar que aún queda obliga a replantear el comportamiento del país con su ‘última frontera’, y de elaborar un nuevo esquema de gobernanza para esos dos mares que nos han quedado pequeños. De lo contrario, las futuras generaciones de colombianos nos reprocharán por irresponsables”, concluye el docente.