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Amnistía denuncia la impunidad con la que las fuerzas en el Sahel cometen abusos durante la lucha antiterrorista

Los ejércitos de Malí, Níger y Burkina Faso están arrasando pueblos, llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales o sometiendo a desaparición forzosa a civiles al amparo de las operaciones de lucha contra los grupos terroristas que operan en su territorio con prácticamente total impunidad, según ha denunciado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En el documento, ‘Ejecutaron a algunos y se llevaron al resto con ellos: Las vidas de civiles en peligro en el Sahel’, la ONG ha documentado que entre febrero y abril de este año soldados de estos tres países han arrasado pueblos, han matado de forma ilegítima o sometido a desaparición forzada al menos a 199 personas. Según ha advertido, algunas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“La inseguridad reina en la región del Sahel, donde la población vive atrapada entre los ataques de los grupos armados y las operaciones militares en curso”, ha destacado la directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Samira Daoud.

La responsable de la ONG ha denunciado que “las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a decenas de personas en grupos, sin que se vuelva a tener noticias de algunas de ellas y se desconoce la auténtica magnitud de las violaciones de Derechos Humanos cometidas por los ejércitos”.

Dichas violaciones se enmarcan en la respuesta militar a la amenaza del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM) y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS), las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, y han tenido lugar tras la cumbre celebrada en enero en la ciudad francesa de Pau entre Francia y el G5 Sahel, del que forman parte Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí y Níger, durante la que los jefes de Estado reafirmaron su determinación de luchar juntos contra la inseguridad en la región.

En Malí, Amnistía ha podido confirmar que, entre el 3 de febrero y el 11 de marzo de este año, el Ejército ejecutó extrajudicialmente o mató ilegítimamente a 23 personas y detuvo o sometió a desaparición forzada a otras 27 personas en las comunas de Diabaly y Dogofry, en la región de Segú. El 16 de febrero en Belidanedji, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a cinco personas y arrestaron a otras 18, de las que no se sabe nada desde entonces.

Por lo que respecta a Burkina Faso, la ONG ha documentado igualmente graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad entre marzo y abril. Al menos en dos ocasiones, las fuerzas de seguridad sometieron a desaparición forzada a personas, algunas de ellas desplazados internos, antes de matarlas.

Entre los incidentes documentados en el país figura el caso de 31 residentes en Djibo, entre ellos diez desplazados internos, que fueron detenidos y ejecutados el 9 de abril por el Grupo de Fuerzas Antiterroristas, una ejecución extrajudicial que reconoció el propio Gobierno el 20 de abril, asegurando que la justicia militar está investigando el caso.

POSIBLES CRÍMENES DE GUERRA

Según Amnistía, en Malí y Burkina Faso, donde la situación puede calificarse de conflicto armado no internacional, “los homicidios deliberados de civiles por las fuerzas de seguridad podrían constituir crímenes de guerra”.

En Níger, un total de 102 personas de la región Tillaberi (suroeste) fueron detenidas y sometidas a desaparición forzada por el Ejército entre el 27 de marzo y el 2 de abril. Testigos han contado que, entre el 27 y el 29 de marzo de 2020, soldados de Níger arrestaron a 48 personas cuando iban o venían de un mercado en Ayorou. Las otras 54 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad en diferentes localidades el 2 de abril.

Hasta el momento, según cinco testigos, no se ha sabido nada de estas personas pero se han encontrado muchas fosas comunes en diferentes lugares en el departamento de Ayorou. Los residentes temían por su suerte si se acercaban a las fosas comunes o preguntaban por las desapariciones forzadas. Esta situación ha empujado a la población a huir hacia centros urbanos.

Según Daoud, “hasta ahora, las promesas de los gobiernos de Malí, Burkina Faso y Níger de abordar estas violaciones de Derechos Humanos han sido vanas”. Por ello, ha reclamado a las autoridades de los tres países que investiguen “con urgencia y rigor estos incidentes, muchos de los cuales podrían constituir crímenes de guerra” y garanticen “la seguridad de la población durante las operaciones militares contra grupos armados”.

LLAMA A CESAR E INVESTIGAR ESTAS PRÁCTICAS

En este sentido, ha pedido a las autoridades que garanticen “el cese inmediato de los homicidios ilegítimos y las desapariciones forzadas cometidas por sus fuerzas de seguridad”, garantizando igualmente que “todas las personas detenidas y secuestradas son puestas en libertad o comparecen ante un tribunal y son acusadas de un delito común reconocible”.

Igualmente, ha añadido la responsable de Amnistía, “deben investigar estos incidentes y procesar a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos” puesto que “la impunidad sólo ha dado lugar a más abusos y violaciones de derechos humanos”.

Además, ha añadido, “es importante que los actores regionales y los socios internacionales adopten una postura firme contra estas violaciones de Derechos Humanos y exhorten a las autoridades de los tres países a garantizar que se toman todas las medidas necesarias antes, durante y después de las operaciones para prevenir daños a civiles y más abusos”.

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