América Latina llega a Glasgow con las manos climáticas semivacías
Este artículo integra la cobertura previa de IPS sobre la COP26 del cambio climático, que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow.
Por Emilio Godoy – IPS
MÉXICO – América Latina y el Caribe arriba a una nueva cumbre climática con un menú de medidas insuficientes para enfrentar los efectos de la crisis, en medio de los impactos de la pandemia de la covid-19.
La región más desigual del mundo, la más golpeada por los efectos de la covid y muy vulnerable a los impactos de la crisis climática, aún no toma de frente la lucha contra esa emergencia, coinciden analistas y estudios.
Tania Miranda, directora de Política y Participación de Partes Interesadas del Programa de Ambiente y Cambio Climático del no gubernamental Instituto de las Américas, resaltó que América Latina ha tenido altas ambiciones climáticas que no han hallado sustento en las medidas aplicadas para reducir emisiones.
Las metas “son aspiracionales. Si no se respaldan con políticas y financiamiento, se pueden quedar en promesas. Falta financiamiento y aplicar estrategias y políticas públicas que los encaminen a cumplir sus compromisos. Se necesitan miles de millones de dólares”, dijo la investigadora a IPS desde la ciudad costera estadounidense de San Diego, en el estado occidental de California.
Miranda es autora del reporte “Contribuciones nacionalmente determinadas a lo largo de América. Un análisis hemisférico comparativo”, que evalúa las metas climáticas de 16 países, incluyendo a Estados Unidos y Canadá.
En su estudio analiza los objetivos de reducción de emisiones contaminantes, los planes de adaptación a la crisis climática, la dependencia de financiamiento externo, los compromisos de neutralidad del carbono a largo plazo o el estado de los acotamientos de la contaminación.
Las políticas climáticas serán el foco de la 26 Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se realizará del 31 de octubre al 12 de noviembre en la ciudad escocesa de Glasgow, en el norte del Reino Unido, luego de ser pospuesta en ese mismo mes de 2020 por la pandemia.
“Las expectativas son muy altas. Necesitamos que los grandes contaminadores estén presentes. Va a haber presión para que haya resultados tangibles. La región sabe dónde están sus necesidades, tiene muchas oportunidades en usar ecosistemas para reducir emisiones”: Tania Miranda.
La COP26 abordará las reglas de los mercados de carbono, el financiamiento climático por al menos 100 000 millones de dólares anuales, las brechas entre las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, en inglés) y las reducciones necesarias, las estrategias para neutralidad del carbono en 2050, planes de adaptación y el programa de trabajo sobre comunidades locales y pueblos indígenas.
En paralelo, se escenificará la cumbre alternativa, que reúne a movimientos sociales de todo el mundo, y que propugnan por abandono pronto de los fósiles y el rechazo a las llamadas “falsas soluciones”, como mercados de carbono; una transición energética justa y reparaciones de daños y redistribución de fondos a comunidades indígenas y países del Sur global.
La de Glasgow se considera, de hecho, la cumbre climática más importante, por la necesidad de acelerar la acción ante los alarmantes datos sobre el calentamiento global, desde la aprobación del Acuerdo de París en la COP21, realizada en diciembre de 2015 en la capital francesa.
Desde entonces presentaron sus primeras NDC 192 signatarios de ese tratado vinculante.
Pero solo 13 países a nivel mundial enviaron en 2020 a la Secretaría de la CMNUCC, que tiene su sede en Bonn, sus nuevas contribuciones climáticas, a pesar del clamor de su secretaria, la mexicana Patricia Espinosa, para que todas las partes del tratado lo hicieran en ese año.
Y de ellos, solo cuatro de la región, Argentina, Granada, México y Suriname, remitieron la segunda versión actualizada de sus contribuciones.
Así sean compromisos voluntarios, las NDC son una parte medular del Acuerdo de París, sobre las que pivota la meta de contener el incremento de la temperatura a 1,5 grados Celsius, considerada la mínima e indispensable contención para evitar catástrofes climáticas irreversibles y, en consecuencia, humanas.
En ellas, las naciones deben establecer cuáles son sus metas para 2030 y 2050 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del recalentamiento planetario, tomando como línea base un año especifico, la forma de conseguir esas metas, el año pico de sus emanaciones y cuándo lograrían las cero emisiones netas, vale decir absorber tantos gases como los que lancen a la atmósfera.
Además, para contener la propagación del coronavirus y sus impactos, la región ha tomado decisiones económicas de emergencia, como apoyos a empresas de todas las dimensiones, así como a trabajadores vulnerables.
Pero esos paquetes en pro de la recuperación pospandemia carecen de componentes ecológicos, como compromisos de producción sostenible o de baja contaminación.
Irresponsabilidades compartidas
Si bien algunas naciones como Argentina y Chile mejoraron sus promesas, otros, como Brasil y México, las redujeron o las estancaron.
Las medidas de Argentina, Brasil, México y Colombia están en código rojo, pues son altamente insuficientes para contener el recalentamiento global, según la plataforma Monitoreo de Acción Climática.
En el caso de los tres primeros, las mayores economías latinoamericanas, sus gobiernos priorizan el financiamiento de mayor explotación de hidrocarburos, lo que redundaría en un aumento de las emisiones en 2030, se destaca en el monitoreo.
Las medidas de Chile y Perú son insuficientes y las de Costa Rica, casi suficientes.
Esa nación centroamericana, Colombia y Perú se enfilan a alcanzar sus compromisos en 2030 y 2050, destaca la plataforma.
En el caso de Argentina, Chile y Ecuador, necesitarían de medidas adicionales para alcanzar sus objetivos. En las antípodas figuran Brasil y México –los mayores contaminadores regionales–, desviados de la ruta de mediano y largo plazos.
Enrique Maurtúa, asesor sénior de política climática de la no gubernamental Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), señaló que Argentina es un ejemplo de los países de la región que se conducen entre esas contradicciones.
“Sigue una línea de lo que pasa en varios países de la región. En compromisos, hace su tarea, lo que le corresponde, prepara estrategia de largo plazo. Pero esos compromisos no se condicen con lo que hace Argentina puertas adentros”, indicó a IPS el experto desde Buenos Aires, sede de la Fundación.
Dentro de ese enfoque, el legislativo Congreso Nacional argentino debate el proyecto de Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas para dar estabilidad fiscal al sector por los próximos 20 años.
Además, el gobierno debilitó el impuesto al carbono, que promedia una carga de 10 dólares, mediante exenciones y la exclusión del gas, y prepara una estrategia de movilidad sostenible que prescinde del hidrógeno.
México camina por un sendero similar, pues ese gobierno privilegia el apoyo a las estatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, construye una refinería en el estado de Tabasco, en la costa sudoriental del país, y paraliza las acciones para la transición energética.
El 29 de diciembre de 2020, México divulgó su actualización de la NDC, sin incrementar la meta de reducción de emisiones, para decepción de organizaciones ambientalistas, y en contravención del Acuerdo de París y de su propia ley de cambio climático.
Ahora, el 1 de octubre se conoció que un tribunal federal anuló la aplicación de esa actualización al considerar que hubo una regresión ilegal en sus metas de mitigación, por lo que siguen vigentes las medidas de 2016, hasta que el gobierno las mejore.
Isabel Bustamante, integrante del movimiento Fridays for Future México y quien asistirá a la COP26, cuestionó la postura climática mexicana.
“No tiene una postura sólida. Necesitamos declaraciones de emergencia climática en todo el país y agilizar recursos. Nos preocupa la apuesta por más fósiles”, declaró a IPS desde la sudoriental ciudad de Mérida.
El presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta la presión del sector ambiental, pero no parece adepto a cambiar de curso. Incluso, envía señales cruzadas, como su anuncio del martes 18 de octubre de que el país aumentará las metas climáticas en 2022.
La COP y sus incógnitas para la región
La CMNUCC señaló en septiembre que las NDC presentadas son insuficientes para contener el recalentamiento en 1,5 C.
Para la especialista Miranda, la COP26 puede resultar benéfica para la región.
“Las expectativas son muy altas. Necesitamos que los grandes contaminadores estén presentes. Va a haber presión para que haya resultados tangibles. La región sabe dónde están sus necesidades, tiene muchas oportunidades en usar ecosistemas para reducir emisiones”, previó.
Maurtúa, por su parte, subraya que los principales resultado dependerán del financiamiento concreto y los medios de ejecución del Acuerdo de París.
“Los países desarrollados tienen que hacer aportes financieros para la transición en los países en desarrollo. Los países desarrollados piden más ambición, pero tienen que aportar financiamiento”, planteó.
A juicio del experto, “es la apuesta más grande y lo que necesita la región. Hay muestras de voluntad en Costa Rica, Colombia y Chile. Pero eso no pasa en el caso de Argentina o México”,
Para jóvenes como Bustamante, la cumbre tiene que ofrecer más hechos y menos ofertas. “Esperamos que surja una agenda de acción climática urgente. Es necesario detener las inversiones en infraestructura fósil, que compromete nuestro futuro próximo. No vamos a parar hasta lograrlo”, manifestó.
Bajo presión por la urgencia de los asuntos pendientes y entre las limitaciones impuestas por la pandemia, Glasgow puede ser un parámetro definitorio del compromiso mundial real para enfrentar la emergencia climática, cuyos registros destructivos van en aumento.
ED: EG