Alemania promueve ley para una producción ética en el exterior
Por Pascal Mulegwa y Ralf E. Krueger (dpa)
Willy Kitobo tiene una visión. El ministro de Minería de la República Democrática del Congo (RDC) quiere detener la destrucción del medio ambiente y de la sociedad causada por la extracción de materias primas en el país centroafricano.
”Hemos sido testigos de cómo los extranjeros explotan los recursos minerales y destruyen el ecosistema”, aseveró en entrevista con la Agencia de Prensa Alemana (dpa), y precisó: “Queremos que solo los minerales extraídos en condiciones dignas sean certificados y vendidos en el extranjero en nombre del Congo Democrático”.
Así es como las minas de cobalto del país, de gran importancia para la producción de baterías, se están integrando ahora en un código de conducta que, mediante un sistema de certificación, tiene por objeto poner freno a estos efectos negativos.
La República Democrática del Congo es solo un ejemplo de una problemática que Alemania planea contrarrestar a través de una ley de la cadena de suministro que tiene por objeto aumentar la presión sobre los agentes internacionales para que produzcan de manera sustentable.
La iniciativa se debe a que en este país la minería en pequeña escala suele ir acompañada de condiciones de trabajo precarias, trabajo infantil, grandes riesgos ambientales y la financiación de conflictos militares.
Las empresas de Alemania y otros países industrializados pueden mejorar las condiciones ya en la fase inicial de sus cadenas de suministro. Esto se ha visto, por ejemplo, en Bangladés, el segundo país fabricante de textiles después de China.
Hace siete años, la fábrica textil de ocho pisos Rana Plaza se derrumbó en poco menos de 90 segundos; alrededor de 1100 personas murieron entre los escombros: un desastre que conmocionó al mundo. Por temor a un boicot por parte de sus clientes, 200 empresas europeas del sector firmaron un acuerdo para garantizar un sistema de protección contra incendios y la seguridad de los edificios.
Las empresas estadounidenses firmaron un acuerdo voluntario para la seguridad de los trabajadores en el marco del cual se inspeccionaron
2266 fábricas y se instalaron sistemas de alarma y extintores de incendios. El salario mínimo legal aumentó de 5300 takas a 8000 takas (aproximadamente 95 dólares estadounidenses) por mes.
En el ínterin, el plazo de los acuerdos ha expirado y un comité nacional, formado por propietarios de fábricas y representantes de los trabajadores y del Gobierno, ha asumido las tareas de supervisión.
El investigador Mohidus Samad Khan, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladés, reclama que desde hace años las fábricas textiles de Bangladés vierten en los ríos y aguas subterráneas una gran cantidad de aguas tóxicas apenas purificadas, hecho al que las empresas extranjeras apenas han prestado atención pese a ser las únicas que pueden mejorar la situación.
Además, la pandemia del coronavirus amenaza con revertir los progresos realizados y exacerbar los problemas. Según la sindicalista Taslima Akhter, en las fábricas bangladesíes más de 28.000 trabajadores, principalmente mujeres, han perdido sus empleos después de que las cadenas internacionales cancelaran muchos pedidos debido a la pandemia.
Las organizaciones de ayuda y las Naciones Unidas advierten que la pandemia de covid-19 ha hecho resurgir el trabajo infantil. En muchos países, las medidas de contención de la pandemia han llevado a que los adultos pierdan sus empleos y, por ende, sus ingresos. Las escuelas en las que los niños recibían anteriormente comidas, algunas de ellas gratuitas, también están cerradas.
La organización de ayuda World Vision, que encuestó a familias de seis países asiáticos sobre el tema, habla de una mayor presión sobre las familias. “Estamos observando esta tendencia en otras partes del mundo, especialmente en África y América Latina; las consecuencias son extremas, ya que a los niños se les roba su futuro”, enfatiza Antje Lüdemann-Dundua, representante de World Vision.
A los que se aprovechan de esta situación no les gusta exhibir abiertamente el trabajo infantil, algo que se hizo evidente durante una visita a la India de Gerd Müller, ministro de Desarrollo de Alemania. Poco antes de que comenzara la crisis de coronavirus en su país, el político de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) quiso hacerse una idea de los problemas al comienzo de la cadena de suministro y visitó, entre otros, un molino de piedra y una plantación de té. En ningún sitio pudo constatar la presencia de trabajadores infantiles.
Sin embargo: a pesar de estar oficialmente prohibido, el trabajo infantil es una realidad. La organización fundada por el activista indio Kailash Satyarthi, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 por su lucha contra el trabajo infantil, rescata a niños que han trabajado en canteras, fábricas de alfombras y plantaciones y lucha para asegurar que puedan ir a la escuela y escapar de la espiral de pobreza de sus padres.
Satyarthi opina que la ley de la cadena de suministro iniciada por el ministro alemán Müller es un buen remedio contra el trabajo infantil,
ya que, para los subcontratistas, esta es siempre la opción más barata cuando las empresas europeas trasladan su producción a países pobres. La ley anunciada por el Gobierno alemán haría a las empresas alemanas directamente responsables de este delito.
No todos están de acuerdo con la nueva ley. “Quien pone en la picota a todas las empresas alemanas, sin diferenciar, está poniendo obstáculos a la protección del medio ambiente y la creación de puestos de trabajo en el continente africano”, objeta Stefan Liebing, presidente una asociación alemana que fomenta el intercambio económico entre África y Alemania.
Liebing advierte del riesgo de pérdida de puestos de trabajo debido a la retirada de las empresas alemanas, de la que podrían aprovecharse
competidores sin escrúpulos. En lugar de una ley nacional alemana, propone un paquete de medidas que incluiría también el sistema de certificación aplicado por el ministro Kitobo en el Congo Democrático.
dpa